Las trabajadoras y los trabajadores públicos han visto su poder adquisitivo reducido en un 16% en la última década por los duros recortes. Las subidas recientes no pueden ocultar la evidencia de la pérdida.
En marzo de 2018 se firmó un acuerdo de contenido retributivo entre el entonces Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro y los sindicatos CCOO, CSI-F y UGT.
Este acuerdo estaba demasiado condicionado por elementos de incertidumbre como la evolución del PIB, el cumplimiento de los objetivos del déficit público y se olvidaba de valorar un dato fundamental: la evolución del IPC. Se nos ha querido mostrar cómo el acuerdo que ha de compensar las pérdidas de poder adquisitivo que han soportado los empleados y empleadas públicas desde 2010 hasta ahora.
Pasado el tiempo, y eliminada una parte de la incertidumbre, estamos en condiciones de afirmar que si el aumento teórico de las retribuciones de 2018, según el Acuerdo, era del 1’75%, el real, después de descontar la subida del IPC, ha sido del 0,3%.
Siguiendo con los mismos argumentos, la subida prevista por 2019 era del 2’25% a pagar desde enero, más un 0,25% a pagar desde julio, si el PIB de 2018 era igual o superior al 2,5%. Este último extremo se ha confirmado y la subida del 0,25% se hará efectiva en la nómina de julio; hoy, sin embargo, el incremento del IPC es del 0,8%, por lo tanto, si suponemos de forma ficticia, que el año terminara ahora, el aumento real sería de un 1,7%.
Es fácil concluir que el aumento retributivo estimado sería de un 2% a dos años y que, este dato queda muy lejos del 14-16% de poder adquisitivo perdido en el período 2008 a 2018. A partir de ahí, no queda más que decir que están confirmándose nuestras predicciones, y que la reivindicación de la recuperación del poder adquisitivo perdido con los recortes retributivos al personal público sigue plenamente vigente.
