Hace unos días nos dirigimos a la Conferencia de Rectoras y Rectores de las universidades públicas valencianas pidiendo una defensa clara del sistema público en el marco de la huelga educativa. Las universidades han hablado, sí, pero tarde, poco y con una tibieza que roza la renuncia.
La UV y la UJI dicen cosas ciertas, pero evitan decir las que ahora mismo son necesarias. Pedir “acuerdos”, defender la educación pública o invocar la “voluntad de entendimiento” está bien, pero obviamente no basta.
La UPV se queda en un lenguaje institucional tan correcto como insuficiente: expresa “solidaridad con las familias”, confía en el “diálogo” y evita cualquier palabra clara sobre el fondo del problema. Ni servicios mínimos máximos, ni presión al profesorado corrector de las PAU, ni uso del PDI como recambio funcional. Solidaridad con las familias, sí; con el profesorado, ya si eso.
La UA, directamente, omite el conflicto y presenta las PAU como una cuestión logística: estudiantes matriculados, fechas, tribunales y detectores de radiofrecuencia. Dime qué omites y te diré quién eres.
Entre el miedo a la financiación y la equidistancia calculada, los rectorados han olvidado al profesorado y la obligación social que tienen como instituciones públicas.
PDI y tribunales PAU
Sobre las consultas recibidas: la participación del PDI universitario en los tribunales de las PAU nace como voluntaria, pero una vez publicada la selección o designación, las renuncias pueden quedar sometidas a plazos, condiciones o causas justificadas.
Si estáis en esta situación, es mejor que contactéis directamente con nosotros para valorar vuestro caso concreto.
