Seis de los siete representantes del PTGAS (los de STEPV) han ejercido un derecho reglamentario de incluir un punto en el orden del día del Consejo de Gobierno. El Rectorado ha respondido con silencio y aplazamiento.
Y el silencio no es neutral: es bloqueo. La propuesta se registró con 14 días de antelación y con solo tres páginas de documentación. Tiempo e información más que suficientes.
Seis años de espera no son una anécdota. Son un fracaso de gestión
¿El punto “aplazado?” quiere regular por normativa los plazos de los procesos de selección y promoción del PTGAS: seguridad jurídica, agilidad y normalidad administrativa. El que la Gerencia quiere evitar es hablar de esta realidad:
- 4 plazas perdidas de la OEP 2022 por caducidad (un hecho sin precedentes).
- 25 plazas paralizadas en 4 procesos selectivos que siguen al “Polilimbo”.
- 64 meses de media para resolver una oposición de PTGAS.
Y mientras el PTGAS espera más de 5 años, la promoción del PDI se resuelve en solo cuatro meses. Dos velocidades. Dos tratos. Una desigualdad indefendible.
El aplazamiento es una señal de debilidad
A pesar del miedo al debate del rectorado, no lo puede evitar. Nos dirán que catorce días de antelación no son suficientes, porque el reglamento no concreta el plazo, pero el 30 de abril ya no tendrán excusas.
Así pues, catorce días para leer tres páginas no son suficientes cuando lo pregunta el PTGAS, pero el Consejo de Gobierno se convoca con una semana y mil páginas para revisar: La ley del embudo.
Si gana tiempo, si intenta silenciar la mayoría, si desplaza el Consejo a Alcoy para evitar concentraciones en Vera, es porque el malestar es real.
El PTGAS exige dignidad.
