Nos hemos abstenido de votar la oferta pública de empleo del PDI, y queremos contarte por qué.

Como sabrás, todos los años se aprueba la convocatoria de plazas de profesorado, tanto laborales como funcionariales. Es un procedimiento habitual en la administración pública, en el que vuestros representantes debemos participar para garantizar que se cumple la ley y, sobre todo, que se garantice vuestro legítimo derecho a una promoción merecida.

El actual equipo rectoral confunde la gestión con el autoritarismo. El Vicerrector de profesorado (VPOA) presume de proximidad en todos los “saraos” donde participa, pero cierra la puerta al diálogo social cuando se apagan los focos. Su política carece de la mínima transparencia en la asignación de plazas y compromete la viabilidad académica de los departamentos más castigados. Quédate con este dato: después de crear 81 nuevas plazas de ayudante (la herramienta más importante, entre otras cosas, para aumentar la capacidad docente), 15 de los 41 Departamentos quedarán por encima del 95% de saturación. Y, por supuesto, la contratación de ASO sigue haciéndose para cubrir necesidades docentes a bajo coste, en lugar de promover la incorporación de profesionales de “reconocida competencia” (como dice textualmente la LOSU) allá donde realmente se necesitan. Estamos, otro año más, en “el día de la marmota”.

Desde STEPV pedimos algo tan sencillo y tan lógico como que se cumpla la ley: deben existir criterios concretos y transparentes de aplicación general para gestionar las necesidades de profesorado de la Universidad, y no como el VPOA vienen haciendo: a escondidas.

La abstención de STEPV en la votación es la única opción responsable. No bloqueamos la promoción de los compañeros y compañeras, por eso no votamos en contra, pero no seremos cómplices de una farsa que valida una gestión opaca. En un contexto de incertidumbre en la futura financiación universitaria, aceptar reglas de juego arbitrarias es dejar el futuro del PDI a merced de la voluntad personal del Vicerrector de turno.