El miércoles pasado el gerente daba por concluidas las negociaciones de la modificación de la RPT donde de nuevo ha primado la falta de motivación y transparencia de la mayor parte de los cambios propuestos, en especial, de las propuestas más polémicas.

En esta ocasión, como ya ocurrió con la negociación de la carrera profesional, el gerente volvió a recordarnos que la administración está obligada a negociar, pero no a llegar a acuerdos, lo que nos lleva a pensar que el equipo rectoral entiende lasnegociaciones como una molesta obligación legal destinada, de conformidad con algunos sindicatos, a imponer la voluntad del rector. Voluntad que, normalmente, tiende a favorecer a unos pocos (de arriba) en perjuicio de la mayoría (de abajo).

Es importante señalar que en el calendario de negociaciones se acordó que sólo se abordarían las modificaciones de la RPT que fueran urgentes, mientras que el resto vendría condicionado por el estudio de plantilla pendiente de abordar, también, en mesa de negociación. Pero la administración, a cambio de unas mínimas concesiones, ha introducido modificaciones que fomentan todavía más las desigualdades y los agravios comparativos existentes en la plantilla fruto de negociaciones previas similares a la que acabamos de presenciar.

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