Un mecanismo excepcional repetido dos veces
Hace un año, la UPV utilizó un mecanismo excepcional, llamado enriquecimiento injusto, para pagar cerca de 50.000 euros a un despacho de abogados por los trámites relacionados con el proyecto China. Se trata de una figura que permite reconocer y pagar unos servicios ya prestados, todo y que no haya habido una licitación previa resuelta.
El problema es que, sorprendentemente, un año después, la Universidad vuelve a recurrir al mismo mecanismo. Con esta segunda aprobación, la factura total se cerca ya a los 100.000 euros.
Un informe sin fecha ni firma
Además, se aporta un informe que pretende justificar la actuación, pero que no está ni fechado ni firmado. ¿Por qué será que no lo firma nadie?
La falta de fecha y firma no es un detalle menor. En un procedimiento que ya es excepcional, la Universidad habría de extremar las garantías, no relajarlas.
Una licitación que llega tarde
El caso sigue resultando más difícil de explicar si se mira la cronología. En julio de 2025 se llevaron al Consejo de Gobierno las primeras facturas. Pero la licitación no salió hasta noviembre.
Mientras tanto, los trabajos continuaron. Y, finalmente, el procedimiento de licitación se ha resuelto a favor del mismo despacho, se ha presentado una oferta de, curiosamente, 100.000 euros menos que otras empresas.
China ya cuesta dinero
Por esto, el Rectorado tendría que dejar de decir que la aventura china no costará dinero en la UPV. Solo en “fontanería” jurídica la factura ya está camino de los 100.000 euros, sin contar aviones, dietas, viajes y otros gastos asociados.
“Volvería a hacerlo”
El secretario general, además, ha afirmado que lo volvería a hacer. Esta afirmación es preocupante.
Cuando una figura excepcional se utiliza dos veces por el mismo proyecto, y además se defiende públicamente que se volvería a hacer, el problema ya no es solo administrativo. Es también político e institucional.
No se debe matar al mensajero
En su intervención, el secretario general también ha atacado a los consejeros que han cuestionado este procedimiento. Pero no se debe matar el mensajero.
Si hay sospechas, no nacen de quien las denuncia, sino de un procedimiento sembrado de dudas: por la falta de firmas, por la falta de fechas, por la falta de claridad y por el uso reiterado de un mecanismo excepcional.
Una universidad pública habría de responder con transparencia, documentos claros y explicaciones convincentes. No con reproches a los qui piden explicaciones.
Puede ser que tenga razón al afirmar que STEPV mira estas cosas con exceso de celo.
