Durante los últimos meses toda la comunidad universitaria ha venido observando como la financiación de las Universidades públicas valencianas se convertía casi en un trending topic. Cruces de acusaciones, baile de números. Pero, ¿qué ha ocurrido? Y, sobre todo, ¿cómo nos afecta esto como trabajadoras y trabajadores? No es un tema fácil pero queremos a continuación trasladar algunas ideas al respecto.

Después de muchos tiras y aflojas, finalmente no parece haber acuerdo para disponer de un marco que, al menos, dé estabilidad a la financiación (aunque precaria) y permita hacer previsiones a medio-largo plazo. Es eso que nos han nombrado numerosas veces estos meses llamado Plan Plurianual de Financiación (PPF). La Generalitat quería desarrollar este plan en consenso y ese consenso no es posible por el momento. ¿Dónde estamos ahora entonces? Se han salvado los muebles y para este ejercicio económico se dispone de los recursos previstos para seguir funcionando, ni un euro más, ni un euro menos. Pero, ¿qué pasará el año que viene? ¿Y los siguientes?

Pero no perdamos la perspectiva: el sistema universitario en el Estado español está pésimamente financiado. Se nos piden resultados sin aportar los recursos necesarios. Se nos vienen pidiendo esfuerzos desde hace décadas, pero las compensaciones nunca llegan. A ello se le suma el caso valenciano: la infrafinanciación sangrante que vive nuestro territorio también llega, como no puede ser de otro modo, a las universidades públicas valencianas. Y no parece que nada vaya a cambiar sustancialmente en este escenario. Es importante tener presente esta idea, porque probablemente explica buena parte de esa suerte de “Juegos del hambre” que acaba siendo la negociación presupuestaria entre las cinco universidades públicas.

Como organización sindical somos conscientes de que el problema no reside en las Universidades, sino más arriba: en la administración pública que financia el sistema. Pero no podemos dejar de pedirles a los responsables de la gestión de la UPV que sigan trabajando para lograr ese marco estable que permita asegurar derechos consolidados como la productividad o las retribuciones adicionales y, en general, mejorar las condiciones de trabajo en materia de conciliación, seguridad y salud, entre otras muchas cuestiones. En definitiva, necesitamos una financiación suficiente y estable para trabajar dignamente.