Desde la implementación del Plan Bolonia, la clásica convocatoria de septiembre desapareció para reordenar la evaluación entre enero y junio. Aquella reestructuración supuso un marco de trabajo que, con sus fortalezas e inconvenientes, fijaba un calendario cuatrimestral más o menos razonable. En este contexto, la aparición de la propuesta aprobada por la Comisión Académica para implantar una «experiencia piloto de evaluación extraordinaria en el mes de octubre» supone una nueva agresión a la organización docente de la UPV, una muestra más de que la Universidad no cuenta con su profesorado ni con sus representantes legítimos para adoptar decisiones que modifican directamente sus condiciones de trabajo

A pesar de que la resolución circunscribe el piloto a un perfil muy específico («estudiantes matriculados por segunda o posterior vez en determinadas asignaturas de primer curso de títulos oficiales de Grado»), esta medida abre la puerta a reestablecer evaluaciones extraordinarias que supondrán, de nuevo, un esfuerzo extra del profesorado sin ningún tipo de reconocimiento.

Como sabemos, la Normativa de Régimen Académico y Evaluación del Estudiantado ha sufrido reformas constantes encaminadas adaptar, entre otros, los procesos evaluativos. Reformas que, por supuesto, se han realizado sin consenso con el profesorado y recargando gratuitamente sobre sus espaldas el esfuerzo organizativo y docente. Este piloto en octubre es, lamentablemente, el enésimo paso en esa misma dirección.

Desde STEPV rechazamos cualquier modificación unilateral de facto del sistema evaluativo. Frente a parches que extienden indefinidamente las tareas docentes, exigimos:

  • La evaluación del piloto, tanto del proceso como de los resultados posteriores, para valorar con evidencias si el esfuerzo realmente contribuye a los objetivos de no dejar atrás a una parte significativa del estudiantado.
  • La definición clara de cuál será el reconocimiento al profesorado participante, tanto en la prueba piloto como, más adelante, si finalmente se generalizara este formato.
  • La incorporación inmediata al proceso de la legítima representación del profesorado al diálogo y su participación en todas las fases.

Si no hay diálogo, nos tendrán siempre enfrente.