Como ya sabéis, la candidatura de Més UPV ganó 6 de los 7 representantes electos del colectivo PTGAS al Claustro.

Según la normativa del órgano, la Comisión Permanente tiene que incluir necesariamente un miembro del personal PTGAS. En una universidad realmente democrática, sería razonable que ese representante saliera de entre las personas elegidas democráticamente por el mismo colectivo, es decir, de entre esos siete miembros.

Aun así, el rector ha decidido imponer un representante “a dedo”, ya sabéis que le gusta mucho aquello del “colocómetro”, ignorando la voluntad expresada por la mayoría del PTGAS, que había elegido a Fátima Romero como su representante legítima.

Con una interpretación sesgada e interesada del reglamento, que no especifica como se tiene que hacer esa designación, el rector ha optado por burlar la decisión democrática del colectivo y colocar una persona de su confianza, un tipo “de hombre de paja” o “títere” institucional.

Esta práctica, a pesar de ajustarse al reglamento, es un mal ejemplo de gobernanza y evidencia una manera de ejercer el poder que no entiende la democracia como un sistema de representación real, sino como una simple habilitación legal para hacer y deshacer discrecionalmente.

Quizás ese es el modelo de “democracia” que más le gusta: el de China.

No es un caso aislado

Cuando un sistema ya presenta distorsiones democráticas estructurales, como la ponderación del voto, cualquier desviación adicional no es solo un detalle, sino un síntoma grave de retroceso institucional.

En este contexto:

1. Modificar las palabras en las actas vulnera la fiabilidad institucional y deslegitima los órganos colegiados.

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2. Editar las grabaciones para ocultar intervenciones.

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3. Controlar y censurar la información impide el debate plural, que es la base de cualquier espacio académico.

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4. Reducir plazos democráticos limita la participación real y dificulta que los órganos consultivos puedan ejercer su papel.

               Parece que nos oye, pero no nos escucha [+LEER MÁS]

Cuando se acumulan estos elementos, se llega a un modelo de gobierno que ya no es solo poco democrático, sino que es activamente incompatible con el que tendría que ser una institución pública de conocimiento y deliberación.