Cuando hablamos de precariedad en la Universidad, hablamos del PTGAS laboral temporal, (personal de apoyo a la investigación). Se trata de un colectivo que desempeña funciones comparables a las del personal funcionario, pero que percibe salarios muy inferiores.
En la UPV, las diferencias salariales son evidentes. El PTGAS laboral del grupo C cobra, de media, 263 euros menos que el personal funcionario del mismo grupo. En el grupo A2, la diferencia asciende a 738 euros mensuales, y en el grupo A1 alcanza los 1.442 euros. Incluso cuando al personal laboral se le exige el grado de doctor —un requisito que no se exige al personal funcionario— la diferencia sigue siendo de 556 euros al mes.
Y eso ocurre a pesar de que la UPV paga por encima de los mínimos establecidos en el III Convenio Colectivo. Un convenio que STEPV se negó a firmar por considerar que consolidaba la precariedad laboral, mientras que CCOO, UGT y CSIF sí lo suscribieron junto con el conjunto de universidades públicas valencianas.
Ahora, en plena negociación del IV Convenio Colectivo, las perspectivas para este colectivo no son alentadoras. STEPV es el único sindicato que está defendiendo una equiparación salarial real entre el personal laboral y el personal funcionario que realiza funciones equivalentes.
Las universidades acusan a STEPV de querer acabar con la investigación. Nada más lejos de la realidad: lo que queremos es acabar con la precariedad.
La vía para ser personal funcionario
Ante esta situación, muchas personas trabajadoras encuentran como única salida presentarse a las oposiciones para acceder a los puestos funcionariales equivalentes.
Por ello, dentro de la negociación del IV Convenio Colectivo, STEPV ha propuesto que la experiencia adquirida como PTGAS laboral temporal sea valorada, en los baremos de méritos, del mismo modo que la experiencia en las escalas funcionariales con funciones equivalentes.
Sin embargo, en lugar de aceptar esta propuesta, la administración dirigida por el rector Capilla ha decidido modificar unilateralmente las convocatorias de oposiciones del personal funcionario para excluir expresamente esa experiencia profesional de los méritos valorables.
Para ello ha incorporado el siguiente párrafo:
«Dado que no se trata de funciones permanentes o estructurales de las administraciones públicas, no se valorará la experiencia en trabajos de personal laboral de investigación no de plantilla, contratado con cargo a proyectos o líneas de investigación o servicios científico-técnicos.»
Un hachazo unilateral y sin negociación
Este cambio ha sido introducido con nocturnidad, alevosía y de forma unilateral por la administración, sin negociación con la representación sindical.
La decisión altera de facto las reglas de acceso al empleo público y vulnera la obligación legal de negociar este tipo de medidas, incumpliendo el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
La actuación de la UPV no solo demuestra una absoluta falta de voluntad negociadora, sino que supone un grave ataque a la negociación colectiva y a los derechos de las personas trabajadoras.
Por ello, STEPV recurrirá todas las convocatorias que incluyan este texto discriminatorio. No vamos a permitir que se vacíe de contenido la negociación colectiva mediante decisiones unilaterales.
Generamos millones, nos pagan con desprecio
Los datos retratan la hipocresía del Rectorado. En 2025, la UPV ingresó cerca de 127 millones de euros por actividades de I+D+i y formación no reglada, 8,5 millones más que el año anterior.
Estos ingresos, así como el prestigio investigador de la Universidad, no serían posibles sin el trabajo diario del PTGAS laboral temporal: un personal altamente cualificado, con experiencia especializada y difícilmente sustituible.
Sin embargo, quienes contribuyen de manera decisiva al éxito investigador de la UPV siguen soportando condiciones laborales claramente inferiores.
Pasa a la acción
La realidad es clara: la UPV mantiene en la precariedad a un colectivo esencial para el funcionamiento de la investigación y para el prestigio de la Universitat.
No podemos aceptar que siga existiendo personal de primera y de segunda en las universidades públicas.
