A pesar de las graves deficiencias señaladas por la Inspección y las denuncias del STEPV, la universidad modifica el plan de autoprotección para dar cobertura a las decisiones del rectorado.
Según el informe, la UPV no convocó al comité de autoprotección, tal como establece el propio protocolo, dejando fuera de las decisiones a los representantes de los trabajadores. Además, la Inspección constata que ni el rector ni las personas que tomaron decisiones tenían la formación exigida por el plan de emergencia, cuestionando así la competencia con que se actuó en un momento crítico.
En lugar de asumir responsabilidades o corregir errores, la UPV ha modificado el Plan de Autoprotección para atribuir toda la capacidad de decisión al Gabinete de Emergencias Rectoral (GER) —un órgano formado casi exclusivamente por cargos de confianza del rector—. Esto supone, de facto, que el rectorado podrá decidir unilateralmente en futuras situaciones de emergencia, sin participación sindical ni validación externa.
Este nuevo protocolo, que a estas alturas resulta todavía más confuso, está formado por tres partes que se contradicen entre sí. Ha sido aprobado a pesar del voto en contra de la práctica totalidad de los representantes electos del Comité de Seguridad y Salud.
Esta reforma equivale a legalizar la mala gestión del año pasado y demuestra una arrogancia institucional alarmante, que pasa por encima de los protocolos y del diálogo social.
Un año después de la tormenta, la UPV parece más preocupada por blindar su imagen que por aprender de los errores. Y, según el sindicato, esta actitud puede dejar a la comunidad universitaria igual de desprotegida ante futuras emergencias.
