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Capilla te excluye.

La administración dirigida por el rector Capilla excluye tu experiencia en las convocatorias de oposición. Tu experiencia no cuenta.

Te lo contamos en el video.

En STEPV luchamos por el reconocimiento de tu esfuerzo

Cuando hablamos de precariedad en la Universidad, hablamos del PTGAS laboral temporal, (personal de apoyo a la investigación). Se trata de un colectivo que desempeña funciones comparables a las del personal funcionario, pero que percibe salarios muy inferiores.

En la UPV, las diferencias salariales son evidentes. El PTGAS laboral del grupo C cobra, de media, 263 euros menos que el personal funcionario del mismo grupo. En el grupo A2, la diferencia asciende a 738 euros mensuales, y en el grupo A1 alcanza los 1.442 euros. Incluso cuando al personal laboral se le exige el grado de doctor —un requisito que no se exige al personal funcionario— la diferencia sigue siendo de 556 euros al mes.

Y eso ocurre a pesar de que la UPV paga por encima de los mínimos establecidos en el III Convenio Colectivo. Un convenio que STEPV se negó a firmar por considerar que consolidaba la precariedad laboral, mientras que CCOO, UGT y CSIF sí lo suscribieron junto con el conjunto de universidades públicas valencianas.

Ahora, en plena negociación del IV Convenio Colectivo, las perspectivas para este colectivo no son alentadoras. STEPV es el único sindicato que está defendiendo una equiparación salarial real entre el personal laboral y el personal funcionario que realiza funciones equivalentes.

Las universidades acusan a STEPV de querer acabar con la investigación. Nada más lejos de la realidad: lo que queremos es acabar con la precariedad.

La vía para ser personal funcionario

Ante esta situación, muchas personas trabajadoras encuentran como única salida presentarse a las oposiciones para acceder a los puestos funcionariales equivalentes.

Por ello, dentro de la negociación del IV Convenio Colectivo, STEPV ha propuesto que la experiencia adquirida como PTGAS laboral temporal sea valorada, en los baremos de méritos, del mismo modo que la experiencia en las escalas funcionariales con funciones equivalentes.

Sin embargo, en lugar de aceptar esta propuesta, la administración dirigida por el rector Capilla ha decidido modificar unilateralmente las convocatorias de oposiciones del personal funcionario para excluir expresamente esa experiencia profesional de los méritos valorables.

Para ello ha incorporado el siguiente párrafo:

«Dado que no se trata de funciones permanentes o estructurales de las administraciones públicas, no se valorará la experiencia en trabajos de personal laboral de investigación no de plantilla, contratado con cargo a proyectos o líneas de investigación o servicios científico-técnicos.»

Un hachazo unilateral y sin negociación

Este cambio ha sido introducido con nocturnidad, alevosía y de forma unilateral por la administración, sin negociación con la representación sindical.

La decisión altera de facto las reglas de acceso al empleo público y vulnera la obligación legal de negociar este tipo de medidas, incumpliendo el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La actuación de la UPV no solo demuestra una absoluta falta de voluntad negociadora, sino que supone un grave ataque a la negociación colectiva y a los derechos de las personas trabajadoras.

Por ello, STEPV recurrirá todas las convocatorias que incluyan este texto discriminatorio. No vamos a permitir que se vacíe de contenido la negociación colectiva mediante decisiones unilaterales.

Generamos millones, nos pagan con desprecio

Los datos retratan la hipocresía del Rectorado. En 2025, la UPV ingresó cerca de 127 millones de euros por actividades de I+D+i y formación no reglada, 8,5 millones más que el año anterior.

Estos ingresos, así como el prestigio investigador de la Universidad, no serían posibles sin el trabajo diario del PTGAS laboral temporal: un personal altamente cualificado, con experiencia especializada y difícilmente sustituible.

Sin embargo, quienes contribuyen de manera decisiva al éxito investigador de la UPV siguen soportando condiciones laborales claramente inferiores.

Pasa a la acción

La realidad es clara: la UPV mantiene en la precariedad a un colectivo esencial para el funcionamiento de la investigación y para el prestigio de la Universitat.

No podemos aceptar que siga existiendo personal de primera y de segunda en las universidades públicas.

Defiende tus derechos. Lucha con STEPV.

Desde STEPV lo tenemos claro: es perfectamente posible conseguir un procedimiento ágil sin triturar los derechos del personal interino. A continuación, os mostramos la distancia que nos separa de la administración.

Nuestro límite: Tu dignidad

La eficiencia de la administración no se puede financiar con el lastre de los derechos del personal interino. STEPV no aceptará ninguna normativa que convierta la gestión de las bolsas en una trampa para el personal.

Defender tus garantías es nuestra prioridad.

STEPV considera que, en un momento especialmente grave para el sistema educativo público, el silencio institucional de las universidades resulta difícil de entender para la comunidad educativa. La universidad no es una realidad separada de la escuela pública, de los institutos ni de la formación profesional: forma parte de un mismo sistema público de conocimiento, igualdad de oportunidades, cohesión social y defensa de la lengua propia.

La comunidad educativa necesita saber que la universidad pública está a su lado. En un momento como el actual, el silencio no es neutral: aleja las universidades de un conflicto que también las interpela directamente.

Por eso, STEPV reclama a las rectoras y rectores que hagan sentir su voz institucional y expresen un compromiso claro con la educación pública valenciana. No se trata de una adhesión partidista, sino de defender los principios que las universidades públicas representan: el derecho a la educación, la calidad docente, la dignidad profesional del profesorado, la inclusión, la igualdad de oportunidades y el valenciano como lengua de conocimiento y convivencia.

Es un dato objetivo, calculado con fuentes oficiales y con una metodología económica rigurosa. Y es también la confirmación de lo que muchas compañeras y compañeros perciben cada mes: cobramos más en términos nominales que en 2007, pero podemos comprar mucho menos.

Los datos

Los resultados del periodo 2007–2025 son:

• Inflación acumulada (IPC): +47,35%

• Incremento salarial acumulado: +22,15%

• Pérdida real de poder adquisitivo: −17,10%

Esto significa que el salario actual conserva solo aproximadamente el 83% de la capacidad adquisitiva que tenía antes de la crisis.

Dónde empieza la pérdida

La ruptura se produce en 2010 con el Real Decreto-ley 8/2010, aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que aplicó un recorte salarial medio del 5%, con reducciones que llegaron al 7,5%.

Después, con el gobierno de Mariano Rajoy, el Real Decreto-ley 20/2011 consolidó la congelación salarial y supuso la supresión de la paga extraordinaria de 2012. Entre 2010 y 2015 sufrimos los años más duros de deterioro salarial.

A partir de 2016 regresan las subidas, y ya con el gobierno de Pedro Sánchez se impulsan incrementos plurianuales como los vinculados al Real Decreto-ley 18/2022, pero la inflación desbocada de 2021 y 2022 volvió a abrir la brecha. Las subidas no han sido suficientes para compensar todo lo perdido.

Una pérdida estructural

No estamos ante un fenómeno puntual. La combinación de:

• recorte directo,

• varios años de congelación,

• subidas moderadas posteriores,

• y un episodio de alta inflación,

ha generado una brecha estructural.

Cuando se reduce la base salarial, las subidas posteriores se aplican sobre una cantidad ya inferior. Esto hace que incrementos del 1% al 3,5% anual no sean suficientes para recuperar el nivel real anterior.

Además, la paga extra suprimida en 2012 redujo la renta anual efectiva, y muchos complementos (trienios, sexenios…) también han sufrido congelaciones. Si se integraran todos estos factores, la pérdida real podría situarse incluso entre el 18% y el 20%.

Qué significa esto en la práctica

Una pérdida acumulada del 17% implica que, con una jornada de 37,5 horas semanales, nuestro poder adquisitivo equivale aproximadamente al que representaría trabajar unas 31 horas antes de la crisis.

Dicho claramente: trabajamos el mismo tiempo, pero en términos reales cobramos como si trabajáramos mucho menos.

Para recuperar íntegramente el nivel de 2007 sin aumentar el salario nominal, el equivalente sería una reducción de unas 7,5 horas semanales. Cualquier reducción parcial de jornada es positiva, pero no compensa íntegramente la pérdida acumulada.

La conclusión

Los datos no dejan margen a la duda. Desde 2007 hasta 2025, el personal público hemos sufrido una pérdida sostenida y estructural de poder adquisitivo.

Los recortes y congelaciones del periodo 2010–2015 generaron una brecha que todavía no se ha cerrado, y la inflación reciente ha consolidado esta erosión.

Desde STEPV seguiremos exigiendo medidas reales de recuperación salarial y mecanismos que garanticen que nunca más se vuelva a consolidar una pérdida estructural como la que hemos sufrido en estos casi veinte años.

Hay que recordar que el trabajo efectivamente realizado no puede quedar cuestionado por un cambio posterior de criterio. El principio es claro e irrenunciable: el trabajo hecho se tiene que pagar, sin excusas.

Las guardias que ya se han llevado a cabo: han sido debidamente autorizadas, han prestado un servicio efectivo, y no pueden quedar sin compensación económica por una modificación posterior de las condiciones o interpretaciones.

Desde el sindicato hemos preparado un modelo de reclamación para que ninguna trabajadora ni trabajador vea vulnerado este derecho.

Os recordamos que hoy a las 13 h, habrá una asamblea para tratar este tema, os animamos a participar.

¿Por qué?

La sensación es clara: en la UPV se está penalizando a quienes tienen los sueldos más bajos y deben atender a criaturas o familiares dependientes, obligándonos a elegir entre el dinero o la familia, mientras el rector Capilla, por acción u omisión, permite que se deje fuera del sistema a quien más lo necesita.

No sabemos si el objetivo es privatizar servicios, forzar el abandono de la reducción de jornada o ambas cosas, pero el resultado es injusto e inaceptable.

¿Qué vamos a hacer?

Por todo ello, convocamos una asamblea el martes 20 de enero a las 13 h, donde os explicaremos qué hemos estado haciendo desde el sindicato y cómo proponemos que el colectivo avance.

Enlace asamblea.

Sin vosotras y vosotros no tenemos fuerza, y la fuerza (como siempre) es vuestra.

Guardias sí. Exclusiones no.

Guardias para todas.

Esta decisión ha generado incertidumbre, malestar y un claro agravio, especialmente entre el personal que ha solicitado la reducción de jornada por motivos de conciliación familiar.

1. ¿Cuál es el problema?

El problema es claro:
un colectivo concreto —el personal con jornada reducida— queda excluido de las guardias de sábado, a pesar de que estas guardias:

• son voluntarias,

• cubren necesidades estructurales del servicio,

• y se han realizado de forma continuada durante años.

Esta exclusión implica una pérdida económica directa y supone, en la práctica, penalizar el ejercicio de un derecho legal como es la reducción de jornada, derecho que mayoritariamente se ejerce por cuidado de hijos o familiares dependientes.

2. Cuando es cierto que no se pueden realizar: si son horas extraordinarias

Hay que decirlo con claridad:
si las guardias de sábado se consideran horas extraordinarias, el argumento utilizado por Gerencia tiene base legal.

La normativa establece que:

• las horas extraordinarias deben ser excepcionales,

• no pueden formar parte de la organización ordinaria del trabajo,

• y no son compatibles con una jornada reducida, porque suponen una ampliación voluntaria del tiempo de trabajo.

En este escenario concreto, la prohibición sería legal.

3. Pero existe otra interpretación posible (y perfectamente legal)

Ahora bien, esta no es la única interpretación posible, ni tampoco la única que permite la normativa.

Existe en otros ámbitos de la función pública —especialmente en sanidad— una figura diferente:
la jornada complementaria o servicio especial, que:

• no se considera hora extraordinaria,

• no amplía la jornada ordinaria,

• tiene una retribución propia,

• y responde a necesidades estructurales del servicio.

Las guardias de sábado del personal auxiliar de servicios se asemejan mucho más a este modelo que a una hora extraordinaria clásica:

• son previsibles,

• son periódicas,

• se planifican con antelación,

• y cubren servicios que la universidad necesita garantizar.

4. No existe ningún impedimento legal para negociarlo

Es importante dejarlo claro:
no hay nada en la normativa que impida crear y regular una figura propia de guardias de sábado, diferente de las horas extraordinarias.

Esto requeriría:

• una regulación clara,

• negociación sindical,

• y una definición adecuada del régimen retributivo y organizativo.

Pero es perfectamente viable y, además:

• evitaría exclusiones injustificadas,

• garantizaría la conciliación,

• y daría seguridad jurídica tanto al personal como a la Administración.

5. El trabajo ya realizado debe pagarse

Finalmente, queremos dejar una cuestión muy clara:

Todo el trabajo realizado debe ser retribuido.

Las guardias que ya se han realizado:

• han sido autorizadas,

• han prestado un servicio efectivo,

• y no pueden quedar sin compensación económica por un cambio posterior de criterio.

Desde el sindicato hemos preparado un modelo de reclamación para que ninguna trabajadora ni trabajador vea vulnerado este derecho.

Conclusión

• El problema no son las guardias, sino cómo se definen.

• Penalizar la reducción de jornada no es una solución justa ni necesaria.

• Existen alternativas legales, negociables y más equitativas.

• Y el trabajo realizado debe pagarse, sin excusas.

Guardias sí. Exclusiones no.
Guardias para todas.

La Sala de Social núm. 8 de València ha declarat, per sentència judicial què: “existeix discriminació laboral en la retribució salarial dels Professors Associats (…) i en conseqüència procedeix que se’ls aplique en la seua retribució, en proporció al contracte parcial, la mateixa retribució que perceben els professors universitaris a jornada completa”, i ha condemnat a la UV a acatar la sentència i a una indemnització simbòlica de 1.000 euros a cada persona demandant.

Aquesta sentència és fruit de la denúncia de diversos professors i professores associades de la plataforma de professorat associat de la UV, la pionera del nostre País, i tot i que només es tracta d’una batalla guanyada, perquè la sentència es pot recórrer, la importància és fonamental.

La sentència assenyala que: “ha resultat acreditat que concorre el tracte discriminatori cap als demandants, que la discriminació no es produeix per ser una contractació temporal a temps parcial, sinó per la retribució proporcional que perceben els professors Associats respecte dels altres professors universitaris a jornada completa, tenint en compte que tots dos col·lectius de professors fan el mateix treball, imparteixen les mateixes assignatures conforme a les guies docents, compartint el treball la mateixa naturalesa, i sent les condicions laborals que exerceixen les mateixes, no ho és la seua retribució que computa la Universitat de València de manera diferent, no sent objecció per a això la modalitat de contractació laboral, ni l’exigència de tindre una activitat externa per als professors associats”.

Els serveis jurídics d’STEPV estan estudiant la sentència per veure la viabilitat de fer-la extensiva a la nostra universitat i a altres col·lectius com pot ser el professorat ajudant doctor.

Vos continuarem informant, però de moment, hui podem cridar més que mai que a igual treball, igual salari.

Sin embargo, las solicitudes de reducción de jornada que continúan vigentes no podrán ser modificadas y persistirán en los mismos términos en que fueron emitidas. Por suerte la jurisprudencia indica que no puede aplicarse con carácter retroactivo.

STEPV considera que la sentencia no afecta el Plan Concilia, puesto que aquí no se aplica este decreto. No hay duda, la reducción que ahora nos quitan no se incorporó a la UPV hasta dos años después de la publicación del decreto.

Aun así, la universidad decide hacer extensiva la sentencia a nuestro Concilia nada más salir la circular de la Generalitat comunicando la derogación. Y lo hace con unilateralidad y opacidad.

Mientras, la “Comisión Paritaria de Seguimiento, Interpretación y Actualización del Acuerdo del Pla Concilia” creada, precisamente para analizar casos como este, continúa sin ser convocada por su presidente, el Vicerrector de Diálogo Social, Prevención, Conciliación y Deportes.

¡¡¡De Málaga a Malagón!!!