Cuando hablamos de precariedad en la Universidad, hablamos del PTGAS laboral temporal, (personal de apoyo a la investigación). Se trata de un colectivo que desempeña funciones comparables a las del personal funcionario, pero que percibe salarios muy inferiores.

En la UPV, las diferencias salariales son evidentes. El PTGAS laboral del grupo C cobra, de media, 263 euros menos que el personal funcionario del mismo grupo. En el grupo A2, la diferencia asciende a 738 euros mensuales, y en el grupo A1 alcanza los 1.442 euros. Incluso cuando al personal laboral se le exige el grado de doctor —un requisito que no se exige al personal funcionario— la diferencia sigue siendo de 556 euros al mes.

Y eso ocurre a pesar de que la UPV paga por encima de los mínimos establecidos en el III Convenio Colectivo. Un convenio que STEPV se negó a firmar por considerar que consolidaba la precariedad laboral, mientras que CCOO, UGT y CSIF sí lo suscribieron junto con el conjunto de universidades públicas valencianas.

Ahora, en plena negociación del IV Convenio Colectivo, las perspectivas para este colectivo no son alentadoras. STEPV es el único sindicato que está defendiendo una equiparación salarial real entre el personal laboral y el personal funcionario que realiza funciones equivalentes.

Las universidades acusan a STEPV de querer acabar con la investigación. Nada más lejos de la realidad: lo que queremos es acabar con la precariedad.

La vía para ser personal funcionario

Ante esta situación, muchas personas trabajadoras encuentran como única salida presentarse a las oposiciones para acceder a los puestos funcionariales equivalentes.

Por ello, dentro de la negociación del IV Convenio Colectivo, STEPV ha propuesto que la experiencia adquirida como PTGAS laboral temporal sea valorada, en los baremos de méritos, del mismo modo que la experiencia en las escalas funcionariales con funciones equivalentes.

Sin embargo, en lugar de aceptar esta propuesta, la administración dirigida por el rector Capilla ha decidido modificar unilateralmente las convocatorias de oposiciones del personal funcionario para excluir expresamente esa experiencia profesional de los méritos valorables.

Para ello ha incorporado el siguiente párrafo:

«Dado que no se trata de funciones permanentes o estructurales de las administraciones públicas, no se valorará la experiencia en trabajos de personal laboral de investigación no de plantilla, contratado con cargo a proyectos o líneas de investigación o servicios científico-técnicos.»

Un hachazo unilateral y sin negociación

Este cambio ha sido introducido con nocturnidad, alevosía y de forma unilateral por la administración, sin negociación con la representación sindical.

La decisión altera de facto las reglas de acceso al empleo público y vulnera la obligación legal de negociar este tipo de medidas, incumpliendo el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La actuación de la UPV no solo demuestra una absoluta falta de voluntad negociadora, sino que supone un grave ataque a la negociación colectiva y a los derechos de las personas trabajadoras.

Por ello, STEPV recurrirá todas las convocatorias que incluyan este texto discriminatorio. No vamos a permitir que se vacíe de contenido la negociación colectiva mediante decisiones unilaterales.

Generamos millones, nos pagan con desprecio

Los datos retratan la hipocresía del Rectorado. En 2025, la UPV ingresó cerca de 127 millones de euros por actividades de I+D+i y formación no reglada, 8,5 millones más que el año anterior.

Estos ingresos, así como el prestigio investigador de la Universidad, no serían posibles sin el trabajo diario del PTGAS laboral temporal: un personal altamente cualificado, con experiencia especializada y difícilmente sustituible.

Sin embargo, quienes contribuyen de manera decisiva al éxito investigador de la UPV siguen soportando condiciones laborales claramente inferiores.

Pasa a la acción

La realidad es clara: la UPV mantiene en la precariedad a un colectivo esencial para el funcionamiento de la investigación y para el prestigio de la Universitat.

No podemos aceptar que siga existiendo personal de primera y de segunda en las universidades públicas.

Defiende tus derechos. Lucha con STEPV.

Desde STEPV lo tenemos claro: es perfectamente posible conseguir un procedimiento ágil sin triturar los derechos del personal interino. A continuación, os mostramos la distancia que nos separa de la administración.

Nuestro límite: Tu dignidad

La eficiencia de la administración no se puede financiar con el lastre de los derechos del personal interino. STEPV no aceptará ninguna normativa que convierta la gestión de las bolsas en una trampa para el personal.

Defender tus garantías es nuestra prioridad.

A pesar de la trágica experiencia de la DANA en nuestra comunidad, el gobierno de nuestra universidad sigue minimizando las alertas máximas de protección civil y lanzando comunicados ambiguos, difíciles de interpretar.

Alertas rojas por calor

El 8 de julio de 2026, el Campus de Gandía estuvo en alerta roja por calor extremo y, ante una situación de máxima gravedad, el Gabinete de Emergencias Rectoral (GER) ni siquiera se reunió, incumpliendo flagrantemente su propia normativa.

Ante la solicitud de STEPV, presentada al día siguiente, de aplicar el protocolo y pasar a la modalidad online, la respuesta del Servicio de Prevención de la UPV fue que no es necesario el cese general de actividades porque el personal trabaja en interiores climatizados, es decir, «a la sombra». Incluso tras colapsar el aire acondicionado del Edificio F esa misma mañana, la solución fue improvisar ventiladores portátiles.

Bajo esta lógica tan absurda como temeraria, ante una alerta roja por lluvias torrenciales o inundaciones, también se podría obligar a toda la comunidad universitaria a desplazarse argumentando que «dentro de las aulas no llueve».

Y hoy, ante una nueva alerta roja, esta vez en el Campus de Vera, el comunicado oficial del rectorado dice que sigamos las recomendaciones y protocolos de emergencia con un enlace que ni tan siquiera contiene el protocolo, y en el que se nos recomienda hidratarnos bien, no hacer actividades no esenciales al exterior y no hacer fuego, pero no dice nada sobre evitar desplazamientos si vienes andando, en bicicleta o en transporte público, ni sobre el trabajo en el exterior en invernaderos, granjas y similares, ni qué haces si la climatización de tu despacho es ineficiente o, directamente, no va.

Y luego dirán que no leemos bien.

Desde STEPV queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la sensación de desprotección en el contexto de las alertas rojas. Resulta sorprendente que, después de la trágica experiencia de la DANA en nuestro territorio, tengamos que volver a presenciar como se minimizan las alertas.

El protocolo está claro

El protocolo aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de octubre de 2025 establece que, ante una alerta roja por calor, procede el cese de la actividad presencial o su paso a modalidad en línea, tanto en el ámbito docente como laboral.

También indica que se tienen que evitar los desplazamientos hacia los campus o desde los campus. Hay que recordar, además, que los accidentes in itinere también son responsabilidad de la empresa y que, ante avisos naranja o rojo, se tienen que garantizar condiciones seguras de acceso al puesto de trabajo.

La Matriz de toma de decisiones del protocolo oficial de la UPV, publicada en el BOUPV n.º 2025/0176, establece la obligación de actuar ante situaciones de nivel 3, como una alerta roja.

La UPV mantiene la actividad presencial

A pesar de esto, el 8 de julio de 2026, con el campus de Gandia en alerta roja por calor extremo, la UPV mantuvo la actividad presencial.

Ante nuestra solicitud formal de aplicar el protocolo y pasar a modalidad en línea, la respuesta del Servicio de Prevención fue que no era necesario el cese general de actividades porque el personal trabajaba en interiores climatizados; es decir, “a la sombra”.

Esta justificación resulta inasumible por tres motivos principales:

1. Obliga a la comunidad universitaria a desplazarse en condiciones extremas, precisamente cuando el protocolo indica que se tienen que evitar los desplazamientos.
2. No garantiza la seguridad real de todas las instalaciones, como ha quedado demostrado con incidencias como el fallo del sistema de climatización en el Edificio F del campus de Gandia. La respuesta no puede ser improvisar ventiladores portátiles ante una alerta roja.
3. Ya hay consecuencias reales: en los últimos días se han registrado golpes de calor que han afectado a un estudiante y a personal de las contratas en el campus de Vera.

Con esta lógica tan absurda como temeraria, ante una alerta roja por lluvias torrenciales o inundaciones también se podría obligar a toda la comunidad universitaria a desplazarse con el argumento que “dentro de las aulas no llueve”.

El problema no es solo qué pasa dentro de los edificios. El problema es también como se llega al campus, en qué condiciones se trabaja y qué garantías reales ofrece la institución.

El GER se tenía que haber reunido

Según el mismo protocolo, el Grupo de Emergencia Rectoral, el famoso GER, tendría que reunirse ante aviso naranja o rojo emitidos por la AEMET.

Si esta reunión no se ha producido, no se han valorado formalmente medidas como el teletrabajo, la suspensión de la actividad presencial o el paso a modalidad en línea.

No se puede motivar la no aplicación de una medida si ni siquiera se ha valorado.

Confianza muy menguada

Esta manera de proceder genera poca confianza, especialmente después de la gestión deficiente de la DANA, que ya motivó advertencias de la Inspección de Trabajo a la UPV.

Entre las principales carencias señaladas, la Inspección de Trabajo destacó la no convocatoria del comité de autoprotección, la falta de formación específica de las personas que tomaron decisiones aquella tarde y la constatación de que la “gestión de la emergencia falló”.

A raíz de aquella situación, se creó el GER bajo la premisa que implicaba menos personas que el comité de autoprotección y que, por lo tanto, tenía que ser un órgano más ágil y fácil de convocar. También se aprobó el nuevo protocolo al cual hacíamos referencia.

Pero las normas nuevas, si no se aplican cuando toca, nos dejan exactamente como antes.

Qué hemos hecho

Desde el lunes hemos estado presionando para que se apliquen medidas preventivas. Hemos presentado un escrito de queja dirigido al rector en los términos aquí expuestos.

La cuestión se expuso también en el Consejo de Gobierno y la administración confirmó que los precios aplicados no fueron los correctos Hemos recibido felicitaciones de diferentes personas, incluidas algunas del equipo rectoral… pero no todo son buenas noticias.

El rector, molesto porque te lo contamos

En un giro sorprendente, el rector nos reprochó que os hubiéramos informado de esta situación. Parece que preferirían que no hiciéramos públicas las cuestiones que, puede ser, dejan en mal sitio los responsables de la vigilancia.

No sabemos a qué estaban esperando

El secretario general dijo que ya conocían esta situación antes de nuestra denuncia. Si esto fuera cierto, todavía peor: confirmaría que la rapidez en la corrección de los precios se ha producido a raíz de nuestra comunicación.

¡Así que… de nada!

La Secretaría General tampoco explicó con detalle qué actuaciones se están llevando a cabo ni cuándo está previsto que finalice la corrección de los precios.

Tampoco se ha concretado cuándo se ofrecerán los productos saludables que, según las condiciones de la concesión, deberían estar disponibles y que actualmente no se venden. Poco a poco.

Puede que no acabe aquí

Hemos iniciado un nuevo estudio, ya que podrían estar afectadas otras concesiones.

Os continuaremos informando.

Hoy, mañana y pasado mañana, el Mapa de niveles de riesgo para la salud prevé riesgo alto (nivel rojo) en el campus de Gandía y nivel naranja en los campus de Alcoy y Vera. Consideramos que la UPV habrá (o habría) de haber abordado esta situación de manera clara, anticipada y preventiva.

El calor no es una simple molestia: es un riesgo real para la salud, especialmente en actividades al aire libre, en horas de máxima exposición o en espacios sin condiciones adecuadas.

La ley ya obliga a prevenir el  estrés térmico

La normativa obliga a prevenir estos riesgos. El Real Decreto 486/1997 establece que las condiciones ambientales no deben poner en peligro la salud de las personas trabajadoras; el Real Decreto Ley 4/2023 reforzó la obligación de adoptar medidas ante fenómenos meteorológicos adversos; y la Ley valenciana 6/2022 de cambio climático exige evaluar los riesgos laborales ante eventos extremos y aplicar medidas preventivas.

Ante avisos naranja o rojo, hay que actuar

Reclamamos que, ante avisos oficiales por calor, especialmente en nivel naranja o rojo, la UPV aplique el principio de precaución: suspender actividades al aire libre en las horas de más riesgo, adaptar la jornada laboral y académica, facilitar alternativas como el teletrabajo o la formación a distancia, garantizar agua, descansos y sombra, y asegurar una climatización adecuada.

No podemos esperar a lamentar consecuencias graves para actuar.

Por este motivo, STEPV ha condicionado su voto al nuevo Plan de Igualdad a una exigencia clara: que un plan de mínimos vaya acompañado, al menos, de más recursos y mejores condiciones para poder hacerlo efectivo. Esta posición ya ha sido defendida tanto en la Mesa General de Negociación como en el Consejo de Gobierno.

La respuesta de la vicerrectora fue calificar esta condición, literalmente, de “chantaje”.

Desde STEPV consideramos esta valoración profundamente inaceptable. Pedir más personal para garantizar derechos, mejorar la atención y hacer efectivas las políticas de igualdad no es chantaje: es una reivindicación legítima, necesaria y responsable.

Paralelamente, en redes sociales

En un vídeo publicado en nuestra cuenta de Instagram, STEPV hacía un alegato en el mismo sentido. Algunas de las respuestas recibidas muestran, lamentablemente, que aún queda mucho por hacer.

Comentarios que se refieren a las mujeres como “charos”, que afirman que tienen “500 veces más derechos que los hombres” o que acaban calificando a los sindicatos de “cucarachas sociales” dibujan un panorama triste. Pero también confirman una evidencia: las políticas de igualdad son más necesarias que nunca.

Todavía falta mucho. Muchísimo.

Y precisamente por eso, STEPV continuará defendiendo la ampliación de la plantilla de igualdad.

¿Te interesa este tema? Pues hablaremos de esto y mucho más en el próximo video del Consell de Govern con Sento Julià… ¡paciencia!

La presión funciona.

Desde STEPV lo decimos claro: cuando se denuncia un abuso, pasan cosas. La defensa de la comunidad universitaria es imprescindible ante cualquier intento de enriquecimiento injusto a costa del bolsillo del personal y del estudiantado.

Continuaremos vigilando, máquina a máquina y precio a precio. Gracias a todos los que habéis enviado fotos y videos.

Sempre al teu costat.

Desde STEPV os informamos que hemos presentado una denuncia formal ante la Secretaría General y el Servicio de Contratación contra la empresa de las máquinas expendedoras, TEIKA VENDING VALENCIA S.L., por graves e intolerables incumplimientos de su contrato.

Tras una exhaustiva fiscalización, hemos constatado tres bloques de irregularidades que afectan directamente a vuestro bolsillo y a vuestra salud:

Presunto Fraude masivo en los precios:

La empresa infla unilateralmente las tarifas oficiales con las que ganó el concurso público. Algunos ejemplos detectados en las máquinas:

• Café descafeinado: precio de contrato 0,30 € → cobrado en máquina: 0,60 €. Se está cobrando el 200% del precio contractual.
• Refrescos y Bio Frutas: precio de contrato 0,60 € → cobrado en máquina: 0,90 €. Se está cobrando el 150% del precio contractual.
• Fruta envasada cortada y pelada: precio de contrato 0,50 € → cobrado en máquina: hasta 1,70 €. Se está cobrando hasta el 340% del precio contractual.
• Ensalada de pasta: precio de contrato 1,10 € → cobrado en máquina: 2,20 €. Se está cobrando el 200% del precio contractual.
• Galletas: precio de contrato 0,40 € → cobrado en máquina: 1,10 €. Se está cobrando el 275% del precio contractual.
• Agua mineral 0,50 L: precio de contrato 0,50 € → cobrado en máquina: 0,65 €. Se está cobrando el 130%

Desaparición de productos saludables:

El contrato exige un 60% de sólidos y 70% de bebidas saludables. La realidad es un monopolio de bollería industrial y bebidas energéticas y azucaradas. Opciones obligatorias como el té, el gazpacho, la horchata, los yogures o los platos preparados económicos (a 1,70 €) simplemente no existen.

Recorte de máquinas:

Para ahorrar en sus costes logísticos, han sustituido las configuraciones de dos máquinas independientes con la correspondiente variedad de productos, por una sola máquinas mixtas de comida y bebida con una muy reducida y repetida oferta, reduciendo drásticamente la variedad y el stock disponible obligatorios.

¿Qué hemos solicitado a la Universidad?

Hemos exigido una auditoría e inspección inmediata, la restitución urgente de los precios originales y la apertura de un expediente sancionador que valore la resolución del contrato si la empresa no rectifica de inmediato.

No podemos permitir que una empresa privada se enriquezca de forma injusta a costa de la comunidad universitaria vulnerando las reglas del concurso público.

DENUNCIA I RELACIÓN DE PRECIOS

La Junta de Personal Docente e investigador y el Comité de Empresa València-Gandia de la Universitat Politècnica de València han expresado su apoyo firme al profesorado de la educación pública no universitaria valenciana y a las reivindicaciones planteadas en el marco de la huelga indefinida, actualmente suspendida temporalmente.

Ambos órganos de representación consideran plenamente legítimas las demandas de la comunidad educativa y subrayan la necesidad de garantizar ratios adecuadas, infraestructuras dignas y seguras, una atención educativa de calidad, un impulso real a la lengua propia y unas condiciones laborales y retributivas justas.

La Junta de PDI y el Comité de Empresa València-Gandia remarcan que la defensa de una educación pública digna y de calidad es una cuestión que afecta el conjunto de la sociedad y que la precarización del sistema educativo tiene consecuencias directas también en el ámbito universitario.

Por eso, exigen a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y al Consell que asuman su responsabilidad e impulsen de manera inmediata acuerdos viables, desde el diálogo y la buena fe, para dar respuesta a las reivindicaciones del profesorado y evitar el alargamiento innecesario del conflicto.

Así mismo, rechazan cualquier intento de deslegitimación o criminalización del profesorado en huelga y expresan su solidaridad con los compañeros y compañeras que han sufrido agresiones durante las movilizaciones, que califican de ejemplares, ordenadas y pacíficas.

Los órganos de representación de la UPV reiteran su compromiso con la defensa de un sistema educativo público más justo, digno y de calidad, y hacen un llamamiento a las administraciones competentes para que actúen con responsabilidad y voluntad real de acuerdo.

Comunicado Junta del PDI.
Comunicado Comité de Empresa.