El trabajo en las granjas conlleva esfuerzo físico continuo, tareas al aire libre y en espacios sin climatización. El calor extremo no es una simple molestia: es un riesgo laboral que debe prevenirse.

Hemos solicitado:

Os mantendremos informados. Mientras tanto, seguid comunicándonos cualquier incidencia o situación de riesgo.

A pesar de la trágica experiencia de la DANA en nuestra comunidad, el gobierno de nuestra universidad sigue minimizando las alertas máximas de protección civil y lanzando comunicados ambiguos, difíciles de interpretar.

Alertas rojas por calor

El 8 de julio de 2026, el Campus de Gandía estuvo en alerta roja por calor extremo y, ante una situación de máxima gravedad, el Gabinete de Emergencias Rectoral (GER) ni siquiera se reunió, incumpliendo flagrantemente su propia normativa.

Ante la solicitud de STEPV, presentada al día siguiente, de aplicar el protocolo y pasar a la modalidad online, la respuesta del Servicio de Prevención de la UPV fue que no es necesario el cese general de actividades porque el personal trabaja en interiores climatizados, es decir, «a la sombra». Incluso tras colapsar el aire acondicionado del Edificio F esa misma mañana, la solución fue improvisar ventiladores portátiles.

Bajo esta lógica tan absurda como temeraria, ante una alerta roja por lluvias torrenciales o inundaciones, también se podría obligar a toda la comunidad universitaria a desplazarse argumentando que «dentro de las aulas no llueve».

Y hoy, ante una nueva alerta roja, esta vez en el Campus de Vera, el comunicado oficial del rectorado dice que sigamos las recomendaciones y protocolos de emergencia con un enlace que ni tan siquiera contiene el protocolo, y en el que se nos recomienda hidratarnos bien, no hacer actividades no esenciales al exterior y no hacer fuego, pero no dice nada sobre evitar desplazamientos si vienes andando, en bicicleta o en transporte público, ni sobre el trabajo en el exterior en invernaderos, granjas y similares, ni qué haces si la climatización de tu despacho es ineficiente o, directamente, no va.

Y luego dirán que no leemos bien.

Desde STEPV queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la sensación de desprotección en el contexto de las alertas rojas. Resulta sorprendente que, después de la trágica experiencia de la DANA en nuestro territorio, tengamos que volver a presenciar como se minimizan las alertas.

El protocolo está claro

El protocolo aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de octubre de 2025 establece que, ante una alerta roja por calor, procede el cese de la actividad presencial o su paso a modalidad en línea, tanto en el ámbito docente como laboral.

También indica que se tienen que evitar los desplazamientos hacia los campus o desde los campus. Hay que recordar, además, que los accidentes in itinere también son responsabilidad de la empresa y que, ante avisos naranja o rojo, se tienen que garantizar condiciones seguras de acceso al puesto de trabajo.

La Matriz de toma de decisiones del protocolo oficial de la UPV, publicada en el BOUPV n.º 2025/0176, establece la obligación de actuar ante situaciones de nivel 3, como una alerta roja.

La UPV mantiene la actividad presencial

A pesar de esto, el 8 de julio de 2026, con el campus de Gandia en alerta roja por calor extremo, la UPV mantuvo la actividad presencial.

Ante nuestra solicitud formal de aplicar el protocolo y pasar a modalidad en línea, la respuesta del Servicio de Prevención fue que no era necesario el cese general de actividades porque el personal trabajaba en interiores climatizados; es decir, “a la sombra”.

Esta justificación resulta inasumible por tres motivos principales:

1. Obliga a la comunidad universitaria a desplazarse en condiciones extremas, precisamente cuando el protocolo indica que se tienen que evitar los desplazamientos.
2. No garantiza la seguridad real de todas las instalaciones, como ha quedado demostrado con incidencias como el fallo del sistema de climatización en el Edificio F del campus de Gandia. La respuesta no puede ser improvisar ventiladores portátiles ante una alerta roja.
3. Ya hay consecuencias reales: en los últimos días se han registrado golpes de calor que han afectado a un estudiante y a personal de las contratas en el campus de Vera.

Con esta lógica tan absurda como temeraria, ante una alerta roja por lluvias torrenciales o inundaciones también se podría obligar a toda la comunidad universitaria a desplazarse con el argumento que “dentro de las aulas no llueve”.

El problema no es solo qué pasa dentro de los edificios. El problema es también como se llega al campus, en qué condiciones se trabaja y qué garantías reales ofrece la institución.

El GER se tenía que haber reunido

Según el mismo protocolo, el Grupo de Emergencia Rectoral, el famoso GER, tendría que reunirse ante aviso naranja o rojo emitidos por la AEMET.

Si esta reunión no se ha producido, no se han valorado formalmente medidas como el teletrabajo, la suspensión de la actividad presencial o el paso a modalidad en línea.

No se puede motivar la no aplicación de una medida si ni siquiera se ha valorado.

Confianza muy menguada

Esta manera de proceder genera poca confianza, especialmente después de la gestión deficiente de la DANA, que ya motivó advertencias de la Inspección de Trabajo a la UPV.

Entre las principales carencias señaladas, la Inspección de Trabajo destacó la no convocatoria del comité de autoprotección, la falta de formación específica de las personas que tomaron decisiones aquella tarde y la constatación de que la “gestión de la emergencia falló”.

A raíz de aquella situación, se creó el GER bajo la premisa que implicaba menos personas que el comité de autoprotección y que, por lo tanto, tenía que ser un órgano más ágil y fácil de convocar. También se aprobó el nuevo protocolo al cual hacíamos referencia.

Pero las normas nuevas, si no se aplican cuando toca, nos dejan exactamente como antes.

Qué hemos hecho

Desde el lunes hemos estado presionando para que se apliquen medidas preventivas. Hemos presentado un escrito de queja dirigido al rector en los términos aquí expuestos.

En el caso de la Universidad, es cierto que buena parte de los espacios disponen de climatización. Sin embargo, todavía hay dependencias —más de las que parece— como laboratorios, talleres, almacenes, invernaderos, granjas u otros espacios de trabajo y docencia donde las condiciones térmicas pueden ser inadecuadas.

Desde STEPV hemos trasladado hoy a la Mesa General de Negociación que esta medida también podría aplicarse aquí, adaptada a nuestro contexto. Hemos solicitado la inclusión de un punto específico en la Mesa General de Negociación del 11 de junio.

¡Cuidémonos!

Existe un convencimiento general de que se permite la matriculación de más estudiantado del que permite el aforo del laboratorio donde se ha de impartir las prácticas, y por eso hemos decidido hacer un estudio para comprobar el grado de realidad de este convencimiento

El estudio

Este informe tiene como objetivo el análisis de la discrepancia entre la capacidad legal y la ocupación real en las prácticas de laboratorio.

Partimos de la premisa de que existe una desconexión crítica en nuestra institución que prioriza el volumen de matriculación y la estadística administrativa sobre la seguridad física del estudiantado y la integridad jurídica del profesorado.

Metodología de la Muestra

Para garantizar la representatividad de este análisis, se ha auditado una muestra técnica con los siguientes parámetros:

• Alcance: 42 grupos de prácticas.

• Diversidad: 7 asignaturas troncales distribuidas en 5 Escuelas distintas.

• Población afectada: Una muestra total de 1.224 alumnos.

El objetivo ha sido contrastar los datos de ocupación real (listados de matriculación) con los Planes de Seguridad y Salud de cada centro, que dictan legalmente el aforo máximo permitido por metro cuadrado y tipo de equipamiento.

Análisis de Resultados

Los datos extraídos de la auditoría son los siguientes:

El 93,2% del estudiantado realiza sus prácticas en entornos que superan el aforo que la propia universidad ha determinado, lo que nos hace concluir que hay un incumplimiento sistémico de las medidas de seguridad en los laboratorios docentes.

El análisis por departamentos determina que únicamente uno presenta un cumplimiento residual (11,1%), mientras el resto opera en un escenario de ilegalidad técnica.

Analizando por centros, 3 de los 5 analizados registran un 0% de cumplimiento. Ni un solo grupo de prácticas analizado en estos centros respeta el aforo de seguridad. Uno de los centros cumple totalmente la normativa, si bien es cierto que solo ha aportado un grupo a la muestra.

Por asignaturas, el 57% de las asignaturas analizadas suspenden en materia de seguridad, operando todos sus grupos por encima del aforo permitido.

El aforo no es una sugerencia, sino una obligación

El exceso de personas colapsa las vías de evacuación y aumenta exponencialmente la probabilidad de accidentes por falta de espacio de maniobra.

Además, y desde la perspectiva Docente, los grupos numerosos degradan la Calidad Docente. Es imposible impartir docencia de excelencia cuando el profesor no puede siquiera circular entre las bancadas para supervisar el trabajo.

Si pagan, cuentan

Desde STEPV, y coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, iniciamos una campaña que reclama:

1. La adecuación de los grupos de prácticas a la capacidad real de las instalaciones.

2. Evitar el desdoblamiento de grupos eliminando horas de formación.

3. Computo de todo el estudiantado para limitar el aforo, con independencia de que sea la primera vez que cursa la asignatura o no.

4. Información adecuada y suficiente al profesorado sobre sus obligaciones y responsabilidades legales.

Si una o un estudiante ha pagado su matrícula por sus prácticas, han de ser computados a efectos de aforo en el laboratorio siempre

El sindicato transmitió la necesidad de:

• La contratación de más personal en la fundación CEDAT con una formación específica.

• Mejoras en los protocolos de actuación en caso de conflictos de convivencia que den garantías al profesorado. Estos protocolos tienen que estar equilibrados, por lo cual en el sindicato consideramos necesario el asesoramiento de personal experto en la materia.

• Planes de inclusión también para el PTGAS, PI y PDI con necesidades especiales, que garanticen sus derechos y los del resto del personal que trabaja con ellos.

También, ofrecimos la posibilidad de poner en contacto a la Universidad con personas expertas en la materia para que puedan colaborar.

La UPV tiene que garantizar los derechos del estudiantado con necesidades especiales, así como también los del resto del estudiantado, y por supuesto, los derechos del profesorado y el resto de personal, que como sindicato son los que nos corresponden defender.

STEPV no puede aceptar que la inclusión se traduzca en un coste para la salud, la integridad y/o la carga de trabajo de nuestro personal.

El vicerrector de Profesorado y el de Estudiantado y la vicerrectora de Sociedad se mostraron receptivos a nuestras propuestas, y nos transmitieron que comparten nuestras inquietudes. Además, nos informaron sobre la creación de un futuro Observatorio de la Generalitat, y de mantener y aumentar las campañas de sensibilización y formación dirigidas al personal.

Toda y la buena sintonía que en este tema tenemos ambas partes, STEPV permanecerá atento en la evolución sin abandonar la vigilancia, para evitar que las personas trabajadoras sean las que asuman los costes de la inclusión.

Desde STEPV queremos ser tajantes: nuestra máxima prioridad es la defensa de los derechos y la protección del profesorado y el resto de la plantilla. Por eso, te animamos a acudir al sindicato ante cualquier problema que te afecte o conozcas.

STEPV siempre a vuestro lado.

Pensamos que puede ser que las duras críticas que los representantes del PTGAS y PI le hicieron en el Claustro del 13 de diciembre de 2024 le hayan hecho reflexionar. Sea como fuere, ha rectificado y esto es de sabios.

Sin embargo, nos preocupa que detrás de esta buena acción el rector solo busque ganar tiempo para aprobar la reforma del plan de autoprotección. Esta reforma quiere eliminar los comités de autoprotección de la ecuación y centralizar las decisiones en el Gabinete de Emergencia Rectoral (GER), con muchos vicerrectores y poco personal técnico especialista.

El nuevo plan incluye la posibilidad que el GER pueda retener al personal confinado en la UPV en caso de alerta roja o que determine la orden de evacuación en caso de peligro.

Que el rector haya gestionado bien esta alerta meteorológica no le tiene que dar carta blanca para futuras crisis. Desde STEPV exigimos la presencia de los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en los órganos que toman las decisiones en materia de seguridad.

Sin embargo, somos conscientes que la inclusión real no se hace solo con buenas intenciones, también se necesita inversión y planificación. Para encontrar soluciones efectivas y duraderas, STEPV ha solicitado reunirse con el equipo de gobierno, para sumar esfuerzos, exponer nuestra visión y buscar vías de colaboración.

Buscamos un compromiso firme para establecer los planes de formación, dotaciones de recursos y establecimiento de los protocolos necesarios para hacer frente a estos retos de manera conjunta y con éxito.

Con el comienzo del curso, vuelve la preocupación del profesorado que tiene que asumir este reto con solo un protocolo de comunicación y convivencia universitaria qué, a veces, genera más dudas de las que resuelve.

Se hace patente la necesidad de encontrar soluciones para evitar consecuencias para la salud del profesorado, como las producidas el curso anterior, y en este sentido desde STEPV agradecemos la buena disposición del rectorado para reunirnos y trabajar.

En STEPV queremos una universidad inclusiva, pero como sindicato de trabajadoras y trabajadores nuestra prioridad es asegurar las garantías laborales suficientes del profesorado.

Os animamos a compartir con nosotros vuestras ideas, experiencias o preocupaciones en el correo stepv@upv.es o en nuestra oficina, en la planta baja del edificio 4G.

Os informaremos del resultado de la reunión, que se celebrará el próximo 3 de octubre.

Nos gustaría saber qué servicios consideras que debería ofrecer el Centro de Salud de la universidad.

Puedes enviarnos tus sugerencias a través de nuestro correo electrónico: stepv@upv.es

Por este motivo, las delegadas de prevención de STEPV aprovechamos la Jornada técnica «Aspectos psicosociales en entornos laborales universitarios: una visión de conjunto«, organizada por la propia mutua en colaboración con la UPV, para plantear directamente a los responsables de Umivale cómo puede acceder la plantilla a estos servicios de salud mental.

De forma sorprendente, el moderador de la jornada decidió que no era necesario que se nos respondiera públicamente, y nos invitó a trasladar la pregunta durante el “vino de honor”. Nos parece inadmisible que se silencie una cuestión tan relevante y urgente, y que se pretenda desviar a un espacio informal una respuesta que afecta al derecho de toda la plantilla.

Es grave que un servicio por el que la universidad paga no esté utilizándose por quienes lo necesitan y que la propia universidad no exija a la mutua el cumplimiento del contrato, pese a las reiteradas demandas de STEPV. Pero lo más preocupante es que se nos niegue la posibilidad de obtener una respuesta pública de los responsables de esta situación.

Al menos, la jornada sirvió para que el vicerrector con competencias en la materia se comprometiera públicamente a formar al personal responsable de los CDIS en prevención de riesgos psicosociales. No podemos olvidar que, según los datos oficiales, en España casi el 40% de los días de baja laboral están relacionados con problemas de salud mental, y que se producen 11 suicidios diarios por esta causa.

Por todo ello, emplazamos al rector de la UPV a responder públicamente a la pregunta que uno de sus responsables decidió bloquear:

¿Por qué la mutua no está proporcionando un servicio de salud mental por el que la universidad está pagando?